El gobierno cambia las expulsiones de extranjeros por multas ante la crisis | JD Immigration (2024)

Desde hace cerca de dos años la Administración opta por imponer multas a aquellos extranjeros en situación irregular sin permisos de trabajo y residencia en España que no hayan delinquido, en lugar de por la expulsión, como era la tónica general hasta entonces.

Lo dicen los abogados de extranjería, que han notado que a los inmigrantes en situación irregular sin los permisos de trabajo y residencia correspondientes se les imponen sanciones de al menos 500 euros en vez de enviarlos de vuelta a su país.

El propio Ejecutivo ha reconocido que cada inmigrante repatriado cuesta a las arcas públicas 1.800 euros, que, si se multiplican por las 18.422 expulsiones y devoluciones que se produjeron en 2011, nos da un gasto de 33,2 millones de euros anuales.

Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, afirmó que, en las zonas con mayor concentración migratoria, como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, «se ha notado que la Administración está poniendo muchas más multas que expulsiones».
«El motivo es que una expulsión cuesta mucho dinero y, si no hay dinero para nada, para esto tampoco», explicó el también presidente de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia.

No tener papeles se contempla en España como una infracción administrativa que conlleva sanciones de multa o expulsión. El Tribunal Supremo establece que se debe imponer preferentemente una multa si ésta es la única infracción en que ha incurrido el inmigrante.

A cambio, se debe reservar la expulsión sólo como última opción, por ejemplo, al que ha cometido un delito. Pero, en la práctica, se ha tendido siempre a privilegiar la expulsión. Hasta que llegó la crisis.

Multas a partir de 500 euros

En estas condiciones, la causa de que ahora se opte más por la imposición de multas a los «sin papeles» se debe, a juicio de los abogados especializados en esta materia, a razones mucho más prosaicas, «aunque el resultado final sea mucho más ajustado a derecho». En primer lugar, las expulsiones son muy caras y cuando se dictan no siempre pueden cumplirse. Pero es que además, cuando se impone una multa al extranjero -la cuantía mínima es de 500 euros y en algunas circunstancias el estado permite el pago fraccionado-, al menos hay un retorno económico para las arcas públicas.

«Se aplican criterios políticos»

Otros letrados más escépticos añaden que a la mayoría de los inmigrantes esa multa le da igual porque piensan que nunca podrán abonar esas cantidades. Por si fuera poco, una misma persona puede ser multada por esta causa cada vez que sea detectada, y en cada ocasión la cuantía de la sanción aumenta. Y si existe una reiteración, se puede llegar a decretar la expulsión del implicado.