10 artículos de la Constitución mexicana que todo ciudadano debe conocer
La Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos te ofrece una formación académica y práctica excepciona, pues no solo adquirirás un profundo conocimiento teórico, sino que también desarrollarás habilidades para la interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales. Con la modalidad on demand podrás estudiar a tu propio ritmo.
1) Artículo 1. Igualdad de derechos.
El artículo 1 de la Constitución señala que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, que son aquellos que están previstos tanto en el propio texto constitucional como en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.
Además, este artículo contempla dos importantes métodos de interpretación constitucional que son el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, así como el mandato para que ninguna persona sea discriminada por su origen étnico o nacional, religión, preferencia sexual, condición social, opiniones, etcétera.
2) Artículo 3. Derecho a la educación.
La educación es lo que permite que los seres humanos cuenten con los elementos necesarios para sacarle el mayor provecho posible a su existencia. Una educación de calidad nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo en el que vivimos y nos permite tomar mejores decisiones, las cuales favorecen a nuestro entorno y a nosotros mismos.
El artículo 3 constitucional nos ofrece las bases para que tanto el Estado mexicano como los particulares puedan impartir educación, la cual puede ser obligatoria en sus niveles básicos u optativa en sus niveles avanzados. El mismo artículo establece también la libertad de cátedra e investigación.
3) Artículo 5. Libertad de trabajo.
La decisión sobre el tipo de trabajo que queremos desempeñar, ya sea como emprendedores o como empleados, es de gran relevancia para el proyecto de vida de millones de personas. Es una decisión que se debe tomar de manera libre, sin que nadie pueda o deba imponernos su propio criterio.
En las dictaduras no son los individuos los que deciden en qué trabajar, sino que es el gobierno el que los obliga a desempeñarse en determinado puesto de trabajo. Los regímenes democráticos aseguran que las personas no sufran interferencias ilegítimas al momento de decidir su futuro profesional y a lo largo del ejercicio que resulta de dicha elección.
Hay profesiones en las que se pueden exigir ciertos requisitos para ejercerlas, como por ejemplo contar con una determinada formación académica o incluso tener un título profesional. Esto permite suponer que quien acredite tales requisitos está preparado para tener un desempeño óptimo, que no le suponga un riesgo a él mismo o incluso a otras personas.
4) Artículo 14. El debido proceso.
El artículo 14 constitucional establece las bases del llamado “debido proceso legal”, que es una de las columnas vertebrales del moderno Estado constitucional de derecho.
Dicho artículo señala que las leyes no pueden tener carácter retroactivo, que las autoridades deben respetar las “formalidades esenciales del procedimiento” antes de privar a una persona de sus derechos, que en materia penal solamente la ley puede señalar las conductas que son consideradas como delitos y las penas que se les deben imponer a quienes las cometan, y que en materia civil los juicios deben ser resueltos conforme a la letra de la ley, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho.
En su conjunto, este artículo establece los lineamientos formales que deben observar las autoridades en su trato con los ciudadanos, sobre todo en aquellos casos en los que un acto de autoridad puede tener un impacto significativo en el patrimonio o los derechos fundamentales de las personas.
5) Artículo 16. La protección de las libertades.
A lo largo de la historia ha quedado claro que las autoridades con frecuencia ponen en riesgo las libertades de las personas. Para evitar abusos, el artículo 16 constitucional establece una serie de límites a efecto de que se consideren válidos los llamados “actos de molestia” que pueden llevar a cabo los servidores públicos: tales actos deben ser emitidos por una autoridad competente, que funde y motive la causa legal de su actuación.
Además el artículo 16 señala los casos en los cuales se puede detener a una personas (cuando se les encuentra en flagrancia, por caso urgente ordenado por el Ministerio Público o en caso de existir una orden judicial de aprehensión), los requisitos para que una autoridad pueda entrar en un domicilio particular (para lo cual se requiere orden de cateo) y aquellos que se deben acreditar para poder intervenir una comunicación privada.
Junto con el artículo 14 constitucional, el artículo 16 es el que contiene de forma más clara varios de los principios esenciales del debido proceso legal.
6) Artículo 31. Las obligaciones de los mexicanos.
Como lo hacen las Constituciones modernas, la mexicana establece un catálogo relativamente amplio de derechos humanos. Pero también establece un listado, mucho menos desarrollado, de los deberes u obligaciones de los mexicanos.
Esto es relevante porque parece de sentido común que las personas no solamente tenemos derechos, sino que también estamos obligados a observar ciertas pautas de conducta en sociedad.
De entre las varias fracciones que contiene el artículo 31 constitucional, destaca la fracción IV, en la cual se señala la obligación de contribuir, por medio del pago de impuestos, al gasto público de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México), de la manera proporcional y equitativa que señalen las leyes.
Este mandato es expresión del deber de solidaridad que existe entre los habitantes del territorio nacional, a efecto de contar con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades generales. Los impuestos, dijo alguna vez el gran juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Oliver Wendell Holmes, “son el precio que pagamos por la civilización”. Tenía mucha razón.
7) Artículo 35. Los derechos políticos.
La Constitución mexicana establece la forma democrática de gobierno según lo señala su artículo 40. Para que la democracia tome forma, es indispensable que los ciudadanos cuenten con vías institucionales que permitan su participación política.
Entre dichas vías hay que destacar, por su relevancia, la posibilidad de votar en las elecciones y poder ser electos para desempeñar algún cargo público. Se trata de los llamados “derechos de participación política”.
A ellos hay que sumar el derecho de formar partidos políticos a través del ejercicio de la libertad de asociación con fines electorales, de modo que a través de tales partidos (que son instituciones de interés público, según el artículo 41 constitucional) se pueda conducir institucionalmente la competencia electoral, seleccionar a los candidatos y candidatas a puestos de representación popular y ofrecer a los electores una oferta plural de opciones para orientar su voto, sobre la base de propuestas y plataformas ideológicas.
8) Artículo 49. La división de poderes.
Desde el pensamiento de la Ilustración, autores tan ilustres como John Locke o Montesquieu señalaron la necesidad de que los poderes públicos estuvieran divididos para evitar abusos de los gobernantes sobre las libertades de los ciudadanos. Tenían mucha razón en advertirnos de ese riesgo, tal como se ha demostrado a lo largo de la historia.
El artículo 49 de la Constitución mexicana señala que en nuestro país el poder público se divide en tres diferentes ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. No se pueden reunir dos o más de estos poderes en una sola persona.
Aunque el artículo 49 no lo menciona, debe considerarse que junto a esos tres poderes tradicionales, actualmente existen órganos constitucionales autónomos que tienen paridad de rango con ellos (es decir, que no están subordinados a los poderes tradicionales) y que ejercen funciones de gran relevancia, fundamentalmente en el campo de la garantía de los derechos humanos. Ejemplos de órganos constitucionales autónomos son el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Fiscalía General de la República (FGR).
9) Artículo 123. Las bases del derecho social al trabajo.
El artículo 123 constitucional contiene las bases del derecho mexicano del trabajo. A diferencia de lo que ya dijimos respecto al contenido del artículo 5 de la propia Constitución, el artículo 123 no aborda el tema del derecho al trabajo como un derecho de libertad, sino como un derecho social. Su objetivo medular es establecer un conjunto de disposiciones que protejan a los trabajadores, con la finalidad de equilibrar las relaciones de poder dentro del mundo del trabajo.
De esa manera, se establece la existencia de un salario mínimo, se fijan los límites de la jornada laboral, se determinan protecciones especiales para las mujeres trabajadoras, se reconocen las libertades sindicales y de contratación colectiva, y se establece un sistema de seguridad social a efecto de dar cobertura médica, de vivienda y pensionaria por razón de jubilación a los trabajadores.
10) Artículo 135. La reforma constitucional.
Los textos constitucionales aspiran a tener una gran estabilidad a lo largo del tiempo. Dado que contienen las grandes decisiones que puede tomar una comunidad política, se supone que deben ser objeto de cambios frecuentes.
Pero es indispensable establecer un mecanismo que nos permita cambiar los contenidos constitucionales, ya sea debido a alguna omisión del Poder Constituyente, que no pudo o no quiso incluir cierto tema que consideramos relevante, o bien porque surgen nuevas necesidades de reconocimiento constitucional debido a los cambios sociales o incluso a los avances tecnológicos.
El artículo 135 nos permite precisamente lograr esos objetivos, al establecer un sistema de reforma en el que participan las dos Cámaras del Congreso de la Unión (con requisitos de votación de mayoría calificada) y los legislaturas de las entidades federativas.
La Constitución mexicana ha sido y sigue siendo objeto de modificaciones constantes, al grado de que su texto vigente se parece muy poco al que fue originalmente redactado en el Congreso Constituyente de Querétaro, en los meses de diciembre de 1916, enero de 1917 y los primeros días de febrero de ese mismo año. Su principal impulsor, Venustiano Carranza, seguramente no reconocería en el texto actual su gran legado jurídico. Los tiempos han cambiado y la Constitución mexicana también lo ha hecho, a veces mediante reformas modernizadoras y positivas, y en otras ocasiones para reflejar cuestiones de política coyuntural o incluso temas de escasa relevancia.
Pero nadie puede dudar de la importancia que la Constitución tiene para permitirnos vivir en un país como el que deseamos la mayoría de los habitantes de México. La Constitución es el espejo en el que nos miramos y la ventana que nos permite avizorar el futuro. Nos ofrece un marco ideal para alcanzar la convivencia civil pacífica que necesitamos con tanta urgencia. Conocerla y difundirla es un deber cívico de la mayor trascendencia, que nos incumbe a todos.
Para seguir leyendo:
Si los temas abordados en los puntos anteriores te interesan, puedes aprender más en las siguientes obras:
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 6ª edición (5ª reimpresión), México, Porrúa/UNAM/CNDH, 2021.
Carbonell, Miguel, Curso básico de derecho constitucional, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2018.
Cossío, José Ramón y otros, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, México, Tirant, 2018 (3 tomos).
También te recomendamos..
